Atrapados en una tenaza de plomo están los miembros de la comunidad Nasa, en las montañas del norte del departamento del Cauca, desde que se propusieron hacer cumplir la Resolución 002 de febrero de 2009 del Cabildo de Jambaló, que equivale a una ley de obligatorio cumplimiento en el sistema político indígena.
“Se notifica a los dueños de las cocinas o laboratorios que se han instalado dentro del territorio para que en el término de tres días, contando a partir de la firma y publicación de la presente resolución, desalojen voluntariamente del territorio”, dice la ordenanza.
En caso de que lo provisto por la resolución no se cumpla, la ley indígena ordena que los Nasakiwe Tegnas (Guardias Indígenas) ubiquen a actores armados, armas y laboratorios, y procedan a desalojarlos. “Comuníquese, aplíquese y cúmplase”, remata el texto.
Si no fuera porque sus acciones son siempre pacíficas, se podría decir que los Nasa le declararon la guerra a la guerra, y a la coca que la financia. “Si no pone orden el dueño de la casa, entonces ¿quién?”, me preguntó Ulpiano Ilamo, gobernador del resguardo de López Adentro sobre la zona plana entre Caloto y Corinto.
Pero defender el orden de su casa les ha significado a los valientes indígenas caucanos poner sus vidas en el filo de la navaja. Los jefes de las Farc han sentenciado a muerte a los líderes más lúcidos y, lo más grave, ya han empezado a asesinarlos, sin que hasta ahora el gobierno haya podido evitar la masacre.
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